- Ante la inminente aprobación de los presupuestos 2023, La Confederación reclama que las cuentas incorporen una inversión de mínimo 150 millones de euros en concepto de incremento de los precios la Red pública de Servicios Sociales.
- El Tercer Sector alerta que persistir en una financiación insuficiente pone en riesgo la calidad de la atención a las personas, la viabilidad de las entidades y la imprescindible mejora de las condiciones laborales de los profesionales.
A la expectativa que estos próximos días se llegue a un acuerdo político para la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para el año 2023, desde La Confederación del Tercer Sector Social de Cataluña alertamos del impacto que supondría que las nuevas cuentas no incorporaran la necesaria mejora de la financiación de los servicios de atención a las personas más vulnerables del país.
Tal como hemos expuesto en reiteradas ocasiones, tanto en el Gobierno como a los diferentes grupos políticos, es urgente la aprobación de unos nuevos presupuestos para el año 2023 que, desde un primer momento, prevean un incremento significativo de las dotaciones presupuestarias destinadas a esta tipología de servicios esenciales (atención a la gente mayor, a la infancia vulnerable, a las personas con discapacidad, a las personas que sufren problemáticas de salud mental, o a las mujeres víctimas de violencias machistas, entre tantos otros). Una mejora de la financiación absolutamente necesaria para asegurar la calidad de la atención, la sostenibilidad de los servicios y la imprescindible mejora de las condiciones laborales de los más de 100.000 profesionales (75% mujeres) que día a día trabajan por la mejora de la calidad de vida de estos colectivos.
Conscientes que la infrafinanciación crónica que viene sufriendo el sector desde hace más de 12 años no se podrá revertir en un solo año, hemos planteado la necesidad de llegar a un acuerdo político para construir un escenario plurianual de de recursos económicos que, ya en las cuentas del 2023, implicaría una inversión de mínimo 150 millones de euros en concepto de incremento de los precios la Red pública de Servicios Sociales, correspondiendo a un incremento del precios del 10%.
Ante las informaciones que nos llegan de las negociaciones conformo los nuevos presupuestos podrían no incluir esta mejora reclamada, y volverse a ubicar con un incremento del alrededor del 3%, desde La Confederación queremos alertar que esta situación sumada al incremento extraordinario de costes de suministros pone gravemente en riesgo
la calidad de la atención a las personas y la viabilidad de las entidades. A la vez, esta nueva carencia de inversión supondría agraviar las desigualdades existentes entre los servicios sociales de gestión directa y los de gestión concertada con la iniciativa social, profundizando todavía más en la brecha salarial existente entre nuestros profesionales respeto la función pública que, en algunos casos, supera el 30% de diferencial.
Por las entidades sociales del país sería incomprensible que estos nuevos presupuestos se olvidaran, una vez más, del sector social y que no hubiera un acuerdo para hacer frente, de manera clara y decidida, a los retos que tiene por adelantado el sistema catalán de servicios sociales.
Confiamos que pueda reorientarse la situación para conseguir el qué entendemos son objetivos compartidos tanto con el Gobierno como con las fuerzas políticas del país: garantizar la calidad de la atención a las personas, mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector, y ubicar el sector social como pilar del Estado del Bienestar, junto a Salud y Educación.
Font: La Confederación
Tal como hemos expuesto en reiteradas ocasiones, tanto en el Gobierno como a los diferentes grupos políticos, es urgente la aprobación de unos nuevos presupuestos para el año 2023 que, desde un primer momento, prevean un incremento significativo de las dotaciones presupuestarias destinadas a esta tipología de servicios esenciales (atención a la gente mayor, a la infancia vulnerable, a las personas con discapacidad, a las personas que sufren problemáticas de salud mental, o a las mujeres víctimas de violencias machistas, entre tantos otros). Una mejora de la financiación absolutamente necesaria para asegurar la calidad de la atención, la sostenibilidad de los servicios y la imprescindible mejora de las condiciones laborales de los más de 100.000 profesionales (75% mujeres) que día a día trabajan por la mejora de la calidad de vida de estos colectivos.
Conscientes que la infrafinanciación crónica que viene sufriendo el sector desde hace más de 12 años no se podrá revertir en un solo año, hemos planteado la necesidad de llegar a un acuerdo político para construir un escenario plurianual de de recursos económicos que, ya en las cuentas del 2023, implicaría una inversión de mínimo 150 millones de euros en concepto de incremento de los precios la Red pública de Servicios Sociales, correspondiendo a un incremento del precios del 10%.
Ante las informaciones que nos llegan de las negociaciones conformo los nuevos presupuestos podrían no incluir esta mejora reclamada, y volverse a ubicar con un incremento del alrededor del 3%, desde La Confederación queremos alertar que esta situación sumada al incremento extraordinario de costes de suministros pone gravemente en riesgo
la calidad de la atención a las personas y la viabilidad de las entidades. A la vez, esta nueva carencia de inversión supondría agraviar las desigualdades existentes entre los servicios sociales de gestión directa y los de gestión concertada con la iniciativa social, profundizando todavía más en la brecha salarial existente entre nuestros profesionales respeto la función pública que, en algunos casos, supera el 30% de diferencial.
Por las entidades sociales del país sería incomprensible que estos nuevos presupuestos se olvidaran, una vez más, del sector social y que no hubiera un acuerdo para hacer frente, de manera clara y decidida, a los retos que tiene por adelantado el sistema catalán de servicios sociales.
Confiamos que pueda reorientarse la situación para conseguir el qué entendemos son objetivos compartidos tanto con el Gobierno como con las fuerzas políticas del país: garantizar la calidad de la atención a las personas, mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector, y ubicar el sector social como pilar del Estado del Bienestar, junto a Salud y Educación.
Font: La Confederación