La Taula del Tercer Sector exige estabilidad porque la situación es “insostenible” y reclama que las urgencias sociales pasen por encima de los intereses políticos
  • Hace muchos años que tenemos una inestabilidad política que paraliza el país y esto se traduce en unas políticas sociales que quedan continuamente encalladas, dejando desprotegidas y sin oportunidades a las personas más vulnerables y poniendo en peligro la sostenibilidad de las entidades sociales que atienden y ofrecen apoyos a 1 millón y medio de personas”. Francina Alsina, presidenta de la Tabla del Tercer Sector Social de Cataluña.
  • Avisa que, aunque finalmente se pueda aprobar un nuevo presupuesto, “no hay suficiente” porque hay varias iniciativas y normativas en tramitación que “están en riesgo”, como la modificación de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía y la aprobación de su reglamento o el Plan Estratégico de Servicios Sociales. También queda paralizado el Código de Accesibilidad y compromisos como la Estrategia catalana por  la acogida y la inclusión de niños y jóvenes migrados solos o el liderazgo político para hacer frente a la pobreza energética a través de la propuesta de convenio con las empresas suministradoras. Por otro lado la Mesa avisa que también se pone en peligro la sostenibilidad de las entidades sociales.
  • Sobre el nuevo presupuesto, la Mesa cree que representa una “mejora clara” después de tener un Gobierno ‘congelado’ en materia social durante dos años a causa de las cuentas prorrogadas.

Barcelona, 30 de enero de 2020.- La Tabla de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, que agrupa 34 federaciones que aglutinan y representan más de 3.000 entidades sociales catalanas, exige estabilidad porque la situación que vive el país es ”insostenible”, después del anuncio de elecciones anticipadas. “Hace muchos años que tenemos una inestabilidad política que paraliza el país y esto se traduce en unas políticas sociales que quedan continuamente encalladas, dejando desprotegidas y sin oportunidades las personas más vulnerables y poniendo en peligro las entidades sociales que atienen y ofrecen apoyos a 1 millón y medio de personas en Cataluña” argumenta Francina Alsina, presidenta de la Tabla del Tercer Sector Social de Cataluña. Alsina también lanza un mensaje claro a todos los partidos políticos: “No podemos continuar así. Resolver las urgencias sociales tiene que ser la prioridad. Las personas tienen que pasar por encima de los intereses políticos porque esta es su responsabilidad”.

La presidenta de la Mesa insiste en que, aunque se apruebe un nuevo presupuesto, con esto “no hay suficiente”. En este sentido, Francina Alsina avisa que hay varias iniciativas y normativas sociales en tramitación que “están en riesgo” por la constitución de un nuevo Gobierno. Es por eso que pide que “de manera urgente” se apruebe la modificación de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía que tiene que permitir que la prestación llegue a más personas en situación de emergencia social y sobre todo que se apruebe el reglamento que tiene que desplegar la totalidad de la ayuda, dos años después de su puesta en marcha. Otras medidas que quedan afectadas son el Plan Estratégico de Servicios Sociales, que pretende adaptarse a las necesidades de las personas desde la atención comunitaria; el decreto de concertación social que quiere garantizar la estabilidad de los servicios de atención a las personas y también dos proyectos de ley, fruto de la iniciativa del Gobierno, que se están tramitando y que provienen de la anterior legislatura: el proyecto de ley para la igualdad de trato y la no-discriminación y el proyecto de ley de contratos de servicios a las personas (Ley Aragonés), que es un paso adelante para avanzar en la mejora de la contratación pública porque prioriza los criterios de calidad por ante los económicos. También queda paralizada la tramitación del Código de Accesibilidad, el reglamento que despliega la Ley de Accesibilidad (2014) y que avanza hacia una sociedad más inclusiva.

Otros compromisos que quedan parados son la Estrategia catalana para la acogida y la inclusión de niños y jóvenes que han migrado solos y el liderazgo político que tenía que ejercer el Gobierno para hacer frente en la pobreza energética a través de la propuesta de convenio con las empresas suministradoras y las administraciones locales. Además también ‘caerá’ el compromiso de impulsar dos nuevas normativas acordadas con el sector como son la Ley de acción concertada, que pretende asegurar que la atención a las personas quede fuera de la lógica mercantilista y garantizar su calidad y la Ley de economía social y solidaria, además del 4.º Plan de Apoyo al Tercer Sector, que incluye medidas de fortalecimiento y reconocimiento en la tarea del sector.

En cuanto a la sostenibilidad de las entidades sociales, la Mesa alerta que se vuelve a entrar en un periodo de inestabilidad por el que hace la tramitación, publicación y pago de las subvenciones, una situación que agrava las dificultades que ya hay desde hace años.

Nuevo presupuesto 

Por otro lado, la Mesa celebra el pacto para un nuevo presupuesto y valora positivamente que Gobierno y En común Podamos se hayan puesto de acuerdo para llevar adelante unas nuevas cuentas en la Generalitat de Cataluña y que también se haya conseguido un pacto entre Gobierno municipal, ERC y Junts per Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona. Además, confía que también se pueda llegar a un entendimiento para el nuevo presupuesto general del Estado.

La institución cree que las nuevas cuentas representan una “mejora clara” después de tener “un Gobierno ‘congelado’ en materia social durante dos años a causa de presupuestos prorrogados”. Destaca en positivo el aumento de financiación para la Renta Garantizada de Ciudadanía, clave para la lucha de una pobreza enquistada; para las políticas de dependencia y la actualización de tarifas en el ámbito de la discapacidad y la dependencia, que finalmente quedan desencalladas después de sufrir muchos años de recortes duros y de infrafinanciación crónica; para las políticas de vivienda, a pesar de que la inversión todavía queda muy lejos de la que es necesaria para paliar la grave emergencia habitacional que hay en Cataluña y que aboca un millón de personas a la exclusión residencial en torno a Barcelona; y para la atención a la migración, en especial para promover el tráfico a la ocupación de los jóvenes migrados solos (un 50% de los jóvenes migrados solos que están dentro del sistema de protección tienen 17 años y un 30%, 16 años).

En cambio, la Mesa valora negativamente que no se incluya en este presupuesto un aumento de financiación para las entidades sociales que atienen niños, a pesar de ser el colectivo más castigado por la pobreza (tasa de riesgo del 28%, IDESCAT 2019); y que todavía falten recursos para la gente mayor, en concreto para la atención residencial. Esta partida presupuestaria es de 15M€, el que representa una inversión de menos de 1 euro en el día para las personas que están en una residencia asistida.
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