La reciente tragedia en el País Valenciano, el pasado 29 de octubre de 2024, ha puesto de relieve una dura realidad: las personas con discapacidad afrontan un "plus de peligrosidad" ante las catástrofes naturales. Inundaciones, incendios y otros desastres afectan todo el mundo, pero no del mismo modo. Un golpe más, tal como pasó con la pandemia del Covid-19, cuando las condiciones se vuelven extremas, las personas con movilidad reducida, discapacidades sensoriales u otras dificultades físicas y cognitivas se encuentran en una situación todavía más comprometida, con riesgos desproporcionados en comparación con el resto de la población.
Ya lo pudimos comprobar, con las imágenes escalofriantes, de abuelos en sillas de ruedas en una residencia geriátrica, que los llegaba el agua hasta la cintura y veían, con impotencia, como no podían ponerse a salvo por sus propios medios. Las personas con discapacidad, por sus características físicas, sensoriales o intelectuales, se encuentran en una situación de desventaja cuando se producen catástrofes naturales. Las barreras arquitectónicas, la carencia de información accesible
y la limitada movilidad dificultan enormemente su evacuación y ponen en riesgo su vida.
Quiero destacar que esta "doble catástrofe" no es un hecho aislado, sino un problema estructural que se agravia en situaciones de emergencia. Las personas con discapacidad no son víctimas pasivas, sino que son ciudadanos de pleno derecho que tienen los mismos derechos que el resto. Sin embargo, sus necesidades específicas a menudo no se tienen en cuenta en los Planes de Emergencia.
A pesar de que estos Planes existen, muy pocas veces contemplan medidas específicas por estos colectivos. Las respuestas son a menudo uniformes y no tienen en cuenta las necesidades particulares de personas con discapacidades diversas. Esta falta de adaptación se traduce en una exposición injusta a un riesgo adicional, que podría evitarse con medidas más inclusivas y adecuadas.
Como sociedad, nos hay que ser conscientes de la especial vulnerabilidad de estos colectivos y adoptar medidas concretas para garantizar su protección. Incorporando la opinión de estos colectivos en la planificación y gestión de las emergencias como: los planes de evacuación, los refugios y los sistemas de alerta tienen que estar diseñados para ser accesibles a todo el mundo.
También nos habrá que formar a los profesionales que intervienen en situaciones de emergencia. Es fundamental que los bomberos, socorristas y otros agentes implicados tengan los conocimientos necesarios para atender las necesidades especifiques de estas personas. Procurando siempre que estos colectivos estén informados y entrenados porque se puedan aplicar estrategias de autocuidado de sí mismos, según sus posibilidades, sobre los protocolos de emergencia y poder reaccionar rápidamente y con seguridad.
En cuanto a la responsabilidad de los servicios de emergencia, tenemos que entender que ni Bomberos, ni los servicios de Protección Civil pueden asumir esta responsabilidad solos; toda la sociedad tiene que contribuir. Los vecinos, familiares y cuidadores también tienen que ser conscientes de los protocolos y saber cómo ayudar aquellos que necesiten apoyo en una emergencia.
Es evidente que después de 215 personas muertas, 89 desaparecidas, 36.448 rescatadas y 78 municipios afectados, según datos publicados por el Gobierno de España el 6 de noviembre, la catástrofe del 29 de octubre nos ha mostrado la importancia de garantizar la seguridad de todas las personas, incluidas aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Es hora de pasar de las palabras a los hechos y adoptar medidas efectivas para proteger aquellas personas más vulnerables frente a los desastres naturales. Solo de este modo podremos construir una sociedad más inclusiva y resiliente. Favoreciendo así, una cultura de comunidad solidaria, donde se promueva la colaboración en situaciones de riesgo, que acabará aconteciendo clave para proteger los colectivos más vulnerables.
Ya lo pudimos comprobar, con las imágenes escalofriantes, de abuelos en sillas de ruedas en una residencia geriátrica, que los llegaba el agua hasta la cintura y veían, con impotencia, como no podían ponerse a salvo por sus propios medios. Las personas con discapacidad, por sus características físicas, sensoriales o intelectuales, se encuentran en una situación de desventaja cuando se producen catástrofes naturales. Las barreras arquitectónicas, la carencia de información accesible
y la limitada movilidad dificultan enormemente su evacuación y ponen en riesgo su vida.
Quiero destacar que esta "doble catástrofe" no es un hecho aislado, sino un problema estructural que se agravia en situaciones de emergencia. Las personas con discapacidad no son víctimas pasivas, sino que son ciudadanos de pleno derecho que tienen los mismos derechos que el resto. Sin embargo, sus necesidades específicas a menudo no se tienen en cuenta en los Planes de Emergencia.
A pesar de que estos Planes existen, muy pocas veces contemplan medidas específicas por estos colectivos. Las respuestas son a menudo uniformes y no tienen en cuenta las necesidades particulares de personas con discapacidades diversas. Esta falta de adaptación se traduce en una exposición injusta a un riesgo adicional, que podría evitarse con medidas más inclusivas y adecuadas.
Como sociedad, nos hay que ser conscientes de la especial vulnerabilidad de estos colectivos y adoptar medidas concretas para garantizar su protección. Incorporando la opinión de estos colectivos en la planificación y gestión de las emergencias como: los planes de evacuación, los refugios y los sistemas de alerta tienen que estar diseñados para ser accesibles a todo el mundo.
También nos habrá que formar a los profesionales que intervienen en situaciones de emergencia. Es fundamental que los bomberos, socorristas y otros agentes implicados tengan los conocimientos necesarios para atender las necesidades especifiques de estas personas. Procurando siempre que estos colectivos estén informados y entrenados porque se puedan aplicar estrategias de autocuidado de sí mismos, según sus posibilidades, sobre los protocolos de emergencia y poder reaccionar rápidamente y con seguridad.
En cuanto a la responsabilidad de los servicios de emergencia, tenemos que entender que ni Bomberos, ni los servicios de Protección Civil pueden asumir esta responsabilidad solos; toda la sociedad tiene que contribuir. Los vecinos, familiares y cuidadores también tienen que ser conscientes de los protocolos y saber cómo ayudar aquellos que necesiten apoyo en una emergencia.
Es evidente que después de 215 personas muertas, 89 desaparecidas, 36.448 rescatadas y 78 municipios afectados, según datos publicados por el Gobierno de España el 6 de noviembre, la catástrofe del 29 de octubre nos ha mostrado la importancia de garantizar la seguridad de todas las personas, incluidas aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Es hora de pasar de las palabras a los hechos y adoptar medidas efectivas para proteger aquellas personas más vulnerables frente a los desastres naturales. Solo de este modo podremos construir una sociedad más inclusiva y resiliente. Favoreciendo así, una cultura de comunidad solidaria, donde se promueva la colaboración en situaciones de riesgo, que acabará aconteciendo clave para proteger los colectivos más vulnerables.