La comarca de Lleida registró un total de 31 vulneraciones de los derechos de las personas con discapacidad en 2024, 16 más que en 2023, según el informe elaborado por la Federación ECOM, con la colaboración de ASPID. Las áreas en las que se produjeron las vulneraciones fueron principalmente la accesibilidad (36 %) y la movilidad y el transporte (23 %), así como la protección social (6 %), la vivienda (6 %), la salud (6 %), El trabajo (6 %), la participación en actividades culturales, de ocio y deportivas (6 %), el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (6 %) y la educación (3 %).
Estos datos fueron presentados por Bibiana Bendicho, presidenta de ASPID y vicepresidenta de ECOM; Katixa Mujica, responsable del Informe Radar de ECOM, y Jordi Corpas, técnico de accesibilidad y defensa de derechos de ASPID, a Sandra Marco, consejera de Igualdad y Cooperación Internacional de la Diputación de Lleida, durante una reunión celebrada hoy jueves en el organismo provincial.
ASPID, organización líder en Lleida en el ámbito de las vulneraciones de los derechos de las personas con discapacidad, ha participado en la elaboración de este informe a través del Espacio de Defensa de los Derechos Montse Bertran. Cabe recordar que el Espacio de Defensa de los Derechos Montse Bertran, dedicado a atender a personas con discapacidad que han sufrido una vulneración de sus derechos o se han visto expuestas a situaciones que las ponen en riesgo, cuenta con el apoyo del Col·legi de l'Advocacia de Lleida.
En el ámbito de la accesibilidad, las principales categorías en las que se han registrado más casos son la urbanística y los espacios públicos, categoría estrechamente vinculada a la edificación general, donde se siguen registrando edificios pertenecientes a las administraciones públicas que incumplen la normativa de accesibilidad; y la categoría de ocio (parques infantiles no accesibles con arena no compactada; locales de ocio inaccesibles y espacios de conciertos no accesibles), así como las barreras arquitectónicas en centros educativos y en el sector hostelero.
En cuanto a la movilidad y el transporte, existen dificultades constantes para acceder a las estaciones y a los medios de transporte, especialmente en lo que se refiere a las estaciones de tren. El uso indebido de las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad (a menudo ocupadas por personas sin discapacidad), la actitud discriminatoria (no se concede una plaza de aparcamiento reservada a una persona con una discapacidad reconocida del 77 % y movilidad reducida) y los problemas con los taxis adaptados (con casos en los que no es posible acceder a ellos) constituyen la segunda categoría en este ámbito con mayor incidencia de infracciones.
Los principales lugares donde se produjeron las vulneraciones fueron los espacios y equipamientos públicos (edificios que prestan servicios presenciales, sitios web y plataformas telemáticas existentes), con un 71 % (22) de los casos. Por el contrario, los espacios privados fueron los lugares donde se detectaron menos vulneraciones.
Por género, la mayoría de las infracciones registradas en Lleida fueron contra mujeres, concretamente 23 (74 %), mientras que 8 (26 %) fueron contra hombres.
El 58 % (18) de las personas no presentó ninguna denuncia, mientras que el 42 % (13) sí lo hizo, lo que supone un aumento de 15 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Sin embargo, solo el 3 % afirma que la denuncia resolvió la situación. La principal razón para no denunciarlo es la creencia generalizada de que hacerlo no sirve de nada.
Geográficamente, el 64 % de las denuncias se concentran en Segrià (el 58 % en la ciudad de Lleida), el 10 % en Noguera, el 19 % en Urgell, el 3 % en Pla d'Urgell y el 3 % en otras zonas.
También se propone promover políticas que tengan en cuenta las necesidades, demandas y especificidades de las mujeres y niñas con discapacidad, y desarrollar y aplicar políticas y estrategias públicas con la participación activa de las personas con discapacidad física y/u orgánica, así como de las organizaciones que las representan.
De las 352 vulneraciones, solo se han denunciado 98, debido principalmente a la creencia generalizada de que denunciar no sirve de nada. Este hecho demuestra que la falta de denuncias sigue siendo un problema persistente.
Por género, la mayoría de las vulneraciones registradas afectan a las mujeres, que representan más del 50 % del total, por lo que se requieren políticas de género que aborden las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.
Desde el punto de vista geográfico, la provincia de Barcelona es la que registra más casos de vulneraciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Además, durante este periodo, solo el 21 % de las personas afectadas han presentado una denuncia y solo el 5 % han visto resuelta la cuestión. Una y otra vez, la principal razón para no denunciar es la creencia generalizada de que no sirve de nada. La conclusión es que esta situación debe revertirse, en gran parte porque es muy difícil concienciar sobre las vulneraciones y la discriminación que sufren las personas con discapacidad, y deben establecerse políticas preventivas en respuesta a esta falta de denuncias.
Durante este lustro, ha quedado claro que los tres agentes que más han violado los derechos son, en primer lugar, la Administración Autonómica, seguida de la Administración Local y, por último, el personal de las empresas privadas, que incluye tanto a la dirección como a los compañeros de trabajo.
La Federació ECOM, principal organismo representativo de las personas con discapacidad en Cataluña, agrupa actualmente a 116 organizaciones de personas con discapacidad física y/u orgánica de toda España, de las cuales unas 94 son de Cataluña. La federación defiende el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad física para lograr su plena inclusión social y mejorar su calidad de vida, y trabaja para fortalecer el sector asociativo de la discapacidad física a través de la participación, la representación y el empoderamiento del colectivo.
Estos datos fueron presentados por Bibiana Bendicho, presidenta de ASPID y vicepresidenta de ECOM; Katixa Mujica, responsable del Informe Radar de ECOM, y Jordi Corpas, técnico de accesibilidad y defensa de derechos de ASPID, a Sandra Marco, consejera de Igualdad y Cooperación Internacional de la Diputación de Lleida, durante una reunión celebrada hoy jueves en el organismo provincial.
ASPID, organización líder en Lleida en el ámbito de las vulneraciones de los derechos de las personas con discapacidad, ha participado en la elaboración de este informe a través del Espacio de Defensa de los Derechos Montse Bertran. Cabe recordar que el Espacio de Defensa de los Derechos Montse Bertran, dedicado a atender a personas con discapacidad que han sufrido una vulneración de sus derechos o se han visto expuestas a situaciones que las ponen en riesgo, cuenta con el apoyo del Col·legi de l'Advocacia de Lleida.
En el ámbito de la accesibilidad, las principales categorías en las que se han registrado más casos son la urbanística y los espacios públicos, categoría estrechamente vinculada a la edificación general, donde se siguen registrando edificios pertenecientes a las administraciones públicas que incumplen la normativa de accesibilidad; y la categoría de ocio (parques infantiles no accesibles con arena no compactada; locales de ocio inaccesibles y espacios de conciertos no accesibles), así como las barreras arquitectónicas en centros educativos y en el sector hostelero.
En cuanto a la movilidad y el transporte, existen dificultades constantes para acceder a las estaciones y a los medios de transporte, especialmente en lo que se refiere a las estaciones de tren. El uso indebido de las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad (a menudo ocupadas por personas sin discapacidad), la actitud discriminatoria (no se concede una plaza de aparcamiento reservada a una persona con una discapacidad reconocida del 77 % y movilidad reducida) y los problemas con los taxis adaptados (con casos en los que no es posible acceder a ellos) constituyen la segunda categoría en este ámbito con mayor incidencia de infracciones.
Agentes infractores, espacios, género, denuncias y geografía de las infracciones
De las 31 infracciones detectadas en la comarca de Lleida, el 77 % (24 casos) tuvo como principal infractor a la administración pública, seguida del personal de empresas privadas, con un 16 % (5), y de particulares, con un 6 % (2).Los principales lugares donde se produjeron las vulneraciones fueron los espacios y equipamientos públicos (edificios que prestan servicios presenciales, sitios web y plataformas telemáticas existentes), con un 71 % (22) de los casos. Por el contrario, los espacios privados fueron los lugares donde se detectaron menos vulneraciones.
Por género, la mayoría de las infracciones registradas en Lleida fueron contra mujeres, concretamente 23 (74 %), mientras que 8 (26 %) fueron contra hombres.
El 58 % (18) de las personas no presentó ninguna denuncia, mientras que el 42 % (13) sí lo hizo, lo que supone un aumento de 15 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Sin embargo, solo el 3 % afirma que la denuncia resolvió la situación. La principal razón para no denunciarlo es la creencia generalizada de que hacerlo no sirve de nada.
Geográficamente, el 64 % de las denuncias se concentran en Segrià (el 58 % en la ciudad de Lleida), el 10 % en Noguera, el 19 % en Urgell, el 3 % en Pla d'Urgell y el 3 % en otras zonas.
Soluciones propuestas
Entre las líneas de actuación propuestas, se señala la necesidad de diseñar políticas públicas que tengan en cuenta la diversidad, teniendo en cuenta que en el 77 % de los casos la Administración Pública es la principal infractora; garantizar la aplicación efectiva de la legislación relacionada con los derechos de las personas con discapacidad y prever mecanismos de sanción eficaces en caso de incumplimiento de la ley, así como aumentar los presupuestos destinados a políticas sociales en los próximos años.También se propone promover políticas que tengan en cuenta las necesidades, demandas y especificidades de las mujeres y niñas con discapacidad, y desarrollar y aplicar políticas y estrategias públicas con la participación activa de las personas con discapacidad física y/u orgánica, así como de las organizaciones que las representan.
Más de 350 vulneraciones en Cataluña
La quinta edición del Radar ECOM ha detectado y analizado un total de 352 vulneraciones en Cataluña, siendo el derecho a la movilidad y al transporte el más violado (18 %), el derecho a la accesibilidad (16 %) y el derecho a vivir de forma independiente e integrarse en la comunidad (14 %). El análisis ha revelado que el principal responsable de las vulneraciones fue la Administración Pública (75 %) y que las mujeres fueron las que sufrieron más vulneraicones (61 %). Barcelona es la provincia donde se detectaron más vulneraciones (69 %).De las 352 vulneraciones, solo se han denunciado 98, debido principalmente a la creencia generalizada de que denunciar no sirve de nada. Este hecho demuestra que la falta de denuncias sigue siendo un problema persistente.
Resumen de los últimos 5 años en Cataluña
En total, en los cinco años que abarca este informe, se han detectado 1307 vulneraciones en Cataluña, siendo el derecho a la movilidad, el transporte y la accesibilidad el más violado. Sin este derecho, las personas con discapacidad se ven obligadas a renunciar a muchos otros derechos.Por género, la mayoría de las vulneraciones registradas afectan a las mujeres, que representan más del 50 % del total, por lo que se requieren políticas de género que aborden las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.
Desde el punto de vista geográfico, la provincia de Barcelona es la que registra más casos de vulneraciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Además, durante este periodo, solo el 21 % de las personas afectadas han presentado una denuncia y solo el 5 % han visto resuelta la cuestión. Una y otra vez, la principal razón para no denunciar es la creencia generalizada de que no sirve de nada. La conclusión es que esta situación debe revertirse, en gran parte porque es muy difícil concienciar sobre las vulneraciones y la discriminación que sufren las personas con discapacidad, y deben establecerse políticas preventivas en respuesta a esta falta de denuncias.
Durante este lustro, ha quedado claro que los tres agentes que más han violado los derechos son, en primer lugar, la Administración Autonómica, seguida de la Administración Local y, por último, el personal de las empresas privadas, que incluye tanto a la dirección como a los compañeros de trabajo.
La Federació ECOM, principal organismo representativo de las personas con discapacidad en Cataluña, agrupa actualmente a 116 organizaciones de personas con discapacidad física y/u orgánica de toda España, de las cuales unas 94 son de Cataluña. La federación defiende el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad física para lograr su plena inclusión social y mejorar su calidad de vida, y trabaja para fortalecer el sector asociativo de la discapacidad física a través de la participación, la representación y el empoderamiento del colectivo.