Valoración insuficiente en el plan de choque del Gobierno para proteger los centros residenciales i de atención diürna de personas con discapacidad
ECOM y Dinacat, como representantes del sector de la discapacidad física y la discapacidad intelectual en Cataluña, afirman que el aumento de tarifas de los servicios sociales de atención a la discapacidad aprobado por la administración pública queda muy lejos de las necesidades del colectivo. La pérdida de ingresos y los sobre costes que ha supuesto la crisis sanitaria para las entidades de los sectores de la discapacidad intelectual y la discapacidad física es muy elevada por el que ECOM y Dincat alertan de la grave situación que encaran las entidades si el Gobierno no toma medidas valientes y responsables

ECOM, representando del colectivo de la discapacidad física en Cataluña, y Dincat, representando del sector de la discapacidad intelectual en Cataluña, alertan que el plan de contingencia aprobado por el Gobierno, con el objetivo de proteger los centros residenciales y los de atención diurna, es del todo insuficiente y no responde a las necesidades del colectivo. La pérdida de ingresos y los sobre costes que ha supuesto la crisis sanitaria para las entidades de los sectores de la discapacidad intelectual y de la discapacidad física es muy elevada y las dos organizaciones alertan de la grave situación que encaran las entidades del sector si el Gobierno no toma medidas valientes y responsables.
Después de meses manteniendo conversas con el Gobierno, ECOM y Dincat presentaron a la administración pública, a través de Cocarmi, un informe con los gastos extraordinarios que implica la gestión de la Covid-19 por los servicios de atención a personas del sector, extraído a través de la experiencia y de un trabajo de análisis esmerado de las entidades en los últimos meses. Aun así, el Gobierno ha dado respuesta con unos incrementos en el importe de los módulos de los servicios que quedan muy lejos de la realidad que viven las entidades y que solo cubre entre el 16% y el 36% del gasto real. En concreto, la nueva regulación establece que desde el 1 de julio del 2020, y mientras dure la situación de emergencia derivada de la Covid-19, las residencias recibirán 196,30 euros adicionales en el mes por plaza, mientras que el colectivo reclamaba un incremento mínimo de 556,29 euros (que se traduce en un 183% más del que ha establecido el Gobierno).
En el caso de los hogares residencia, el aumento será de 62,80 euros adicionales mensuales por plaza, que supone casi un 500% menos del que reclamaba el sector, que establecía la necesidad de incrementar las tarifas en hasta 371,29 euros por plaza, según si la atención es de 12h o 24h. Este es uno de los puntos que más ha indignado al colectivo por la falta de adecuación a la realidad que se vive a los hogares. En una situación de normalidad, los usuarios de los hogares residencias requieren un apoyo diario de 12h puesto que, durante el resto de la jornada, se encuentran en sus centros de día o a sus puestos de trabajo. No obstante, en época de Covid-19, es necesario tener en cuenta que muchas de estas personas, como el resto de la población, se pueden encontrar en la situación de tenerse que confinar temporalmente, ya sea por salud o por decisión de las autoridades, requiriendo un apoyo de 24h. Desgraciadamente, la nueva regulación del departamento no contempla en absoluto esta situación y aporta un incremento adicional a las tarifas del todo insuficiente.
Por otro lado, la atención diurna percibirá del Gobierno un incremento adicional de entre 31,40 euros y 62,80 euros, según el tipo de servicio -servicio de terapia ocupacional (STO), servicio de terapia ocupacional con auxiliar (STOA), centro de atención personalizada (CAE) o servicio ocupacional de inserción (SOI)- unas cifras muy alejadas de los entre 175,79 euros y 188,41 euros que reclamaban las entidades, es decir, entre un 200% y un 460% más del que se ha destinado finalmente.
“Una vez más, buenas intenciones, pero decisiones decepcionantes. Con este tarifa para cubrir sobre costes que plantean no vamos en ninguna parte, nos vuelven a evocar a la catástrofe. Necesitamos fortalecer las entidades sociales que garantizan los derechos de las personas y no lo podremos hacer con medidas tan precarias como estas. Esperamos que el Parlamento que tiene que convalidar el decreto ley pueda corregir este insuficiente planteamiento”, dice Carles Campuzano, Director de Dincat.
”Las entidades han hecho, y están haciendo, un sobreesfuerzo humano y económico para garantizar la atención y velar por la seguridad y la salud de las personas que atienen, que ahora no es correspondido con esta respuesta de la Administración. Los importes aprobados son totalmente insuficientes y posan en peligro la sostenibilidad de las entidades, que ya arrastran una infrafinanciación crónica”, explica Antonio Guillén, presidente de ECOM.
El aumento de tarifas está previsto que se destine al refuerzo del personal de atención directa, a los costes adicionales por la compra de material de protección y a las medidas de higiene necesarias relacionadas con la Covid-19. No se han tenido en cuenta pero, explican ECOM y Dincat, otros sobre costes que también han tenido, y han tenido que asumir las entidades, como las bajas de los profesionales o gastos extra de estructura y gestión. Así mismo,
el sector reclama con urgencia mesuras presupuestarias para hacer fuente a los gastos derivados de la Covid-19 en otros servicios de atención imprescindibles como el de asistencia personal, de apoyo a la autonomía al propio hogar o de tutelas, entre otros.
En cuanto a los sobre costes derivados de la pandemia desde el 15 de marzo y estimados hasta el 31 de agosto, que ascienden a un total de 10 millones de euros por el sector de la discapacidad en Cataluña, el colectivo todavía resto a la espera que se concrete la convocatoria que permita cubrir estos gastos a las entidades.
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