ECOM, ASPID y otras organizaciones solicitan más ayudas a la ocupación de las personas con discapacidad Día 1 de MAYO
ECOM y sus entidades federadas MIFAS, ASPID, ADFO,  todas ellas entidades que cuentan con servicios de inclusión laboral en todo el territorio catalán, reclaman más ayudas para la ocupación de las personas con discapacidad física y/u orgánica, ante la grave crisis económica provocada por la COVID-19 y la insuficiencia de medidas efectivas para la inclusión laboral del colectivo.

La entidad pide que las administraciones públicas actúen para proteger los puestos de trabajo de las personas con discapacidad física y/u orgánica y destinen más ayudas a las Políticas Activas de Ocupación; unas políticas que tienen que ser transversales y que tienen que tener en cuenta a las entidades sociales con programas de inclusión laboral, a las empresas a través del fomento de la contratación de personas en situación de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad física y/u orgánica, y también en los Centros Especiales de Trabajo.

Así mismo, también reivindica la modernización inmediata del SEPE, el servicio estatal público de trabajo, y de las Oficinas de Trabajo de la Generalitat (OTG) para que se garantice el acceso a las prestaciones económicas sin que estas se vean comprometidas en ningún momento. Así como una administración centrada en las personas, que las acompañe de acuerdo con su proyecto vital.

Con motivo del Día Internacional del Trabajo, que se celebra este 1 de mayo, ECOM, entidad que defiende los derechos de las personas con discapacidad física y/u orgánica, y sus entidades federadas, MIFAS, ASPID, ADFO y BASURA, piden más ayudas a la ocupación de las personas con discapacidad física y/u orgánica, ante la grave crisis social y económica derivada de la pandemia y la agravación de las dificultades de inclusión que ya hace meses que observen las entidades. En un informe sobre la afectación de la COVID-19 en las personas con discapacidad física vinculadas a los servicios de inclusión laboral de ECOM y sus entidades federadas -que atienen en el año alrededor de 3000 personas en Cataluña-, la inserción laboral en las personas atendidas ha pasado de un 30,54% el 2019, a un 24,93% de inserción el 2020.

Desde ECOM consideran que las soluciones sociales a esta crisis no pueden dejar a ningún colectivo vulnerable atrás, tampoco a las personas con discapacidad, y es por este motivo, que es necesario implementar urgentemente políticas públicas que respondan a la necesidad de incorporar al mercado laboral a las personas con discapacidad física y/u orgánica, uno de los colectivos con más dificultades para encontrar trabajo. “Hace falta que las administraciones públicas contemple más ayudas transversales a las Políticas Activas de Ocupación, que tengan en cuenta a todos los agentes implicados en la empleabilidad de las personas con discapacidad física: las entidades sociales, las empresas y los Centros Especiales de Trabajo”, reclama Antonio Guillén, presidente de ECOM. “La tarea que hacemos las entidades sociales especializadas en la inclusión laboral de las personas con discapacidad es fundamental para favorecer la inserción del colectivo al mercado de trabajo, por lo cual hay que dotarlas de recursos porque puedan continuar trabajando”, reinvidinca Guillén. “Las entidades hemos estado junto a las personas durante toda la pandemia, y continuaremos estando, como siempre, y hemos adaptado nuestra forma de trabajar en la no presencialidad por no dejarlas desatendidas. Esto quiere decir que hemos tenido que flexibilizar los programas, sin saber qué consecuencias tendría esta nueva metodología para las entidades y sin contar con una financiación extra para este sobreesfuerzo que se ha hecho”, explica.

Ante esta situación, ECOM reivindica más financiación a las entidades sociales con programas de inclusión laboral y más flexibilidad en estos programas, para que se adecuen a las necesidades de cada territorio. Actualmente, el único fondo de financiación al cual pueden acceder las entidades es lo SIOAS, para la orientación, acompañamiento y apoyo a la inserción a la empresa ordinaria de las personas con discapacidad o trastornos de salud mental, por eso ECOM pide específicamente que se revise este modelo para poder continuar dando respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad física y/u orgánica en materia laboral. La demanda todavía es más urgente cuando el pasado 2020 el Gobierno estatal hizo un recorte de 86 millones de euros en políticas activas de ocupación en Cataluña y, a pesar de que este año el presupuesto para estas políticas será superior, la Generalitat de Cataluña ya ha anunciado que no se podrán compensar los 86 millones que se recortaron el año pasado.

ECOM también pide más estabilidad en el régimen de financiación de aquets servicios especializados, a través de un sistema concertado con la administración pública. Es decir, que los servicios de inclusión laboral de las entidades sociales pasen a formar parte de la cartera de servicios de la administración, con lo cual se conseguiría que estos servicios tuvieran una financiación más estable, con subvenciones menos burocráticas y más adaptadas a las necesidades reales de las personas.
Más allá de garantizar la sostenibilidad y el fortalecimiento de los servicios que trabajan por la inclusión laboral de las personas con discapacidad a la empresa ordinaria, ECOM reclama también en el Gobierno que se impulsen líneas de apoyo al tejido empresarial y productivo para que se pueda mantener la ocupación y porque se pueda generar nuevos puestos de trabajo, y afrontar la recuperación económica y social del país. “Hacen falta subvenciones para los salarios de personas con discapacidad y ayudas para la adaptación de puestos de trabajo o para la adquisición de ayudas técnicas para favorecer la contratación de las personas con discapacidad física”, reclama Guillén.

Dentro de estas líneas de apoyo al tejido empresarial, ECOM solicita, de manera específica, ayudas extraordinarias y urgentes para los Centros Especiales de Trabajo, para poder mantener la ocupación de las personas con discapacidad que trabajan y para poder garantizar su sostenibilidad y viabilidad. Llueve sobro mojado, la crisis de la Covid-19 agravia la inclusión laboral de las personas con discapacidad y agravia su riesgo de exclusión social

Según los datos más recientes del Observatorio sobre la Discapacidad y el Mercado de Trabajo en España (Odismet), desde los inicios de la pandemia el 37% de las personas con discapacidad se han visto afectadas por un ERTE, mientras que este dato es del 3% en el resto de la población. Los servicios de inclusión laboral de ECOM han visto durante estos meses como las personas con discapacidad del servicio que entraron en ERTE a primeros del estado de la alarma continúan todavía en la misma situación, y como se han añadido otros. Antonio Guillén, presidente de la entidad, manifiesta que “esta circunstancia nos angustia porque a pesar de que los ERTOs prohíben el despido en los 6 meses de su finalización, muchas empresas han expresado que no creen que sea posible volver a reincorporar el personal cuando se acaben las prórrogas, cosa que nos preocupa porque las personas con discapacidad tienen más dificultad para salir del paro”. El estudio del Odismet también señalaba que el 29% de las personas con discapacidad en España se encontraba al paro en mayo del 2020, un dato que estaba en el 25,1% el 2019. En Cataluña, el Observatorio del Trabajo y Modelo Productivo publicó este febrero 2021 que este dato en el territorio catalán se encontraba en el 24,9% el 2019.

En este escenario, ECOM reclama que las administraciones hagan los pagos de las prestaciones a tiempo y que se asegure que no se vuelvan a dar retrasos en los ingresos de estas, puesto que durante este meses de pandemia la entidad ha llegado a ver casos de personas con discapacidad física y/u orgánica (personas que ya se encuentren en una situación de vulnerabilidad por su discapacidad), que han tenido que hacer frente al impago de las prestaciones durante 6 o 9 meses, fuera el ERTE, el paro o cualquier otra prestación. “Es inadmisible el retraso en los pagos de estas prestaciones, porque incrementa la vulnerabilidad del colectivo de personas con discapacidad y, además compuerta más riesgo de exclusión social y el incremento de la desigualdad que ya sufren las personas”, advierte Guillén. “Durante todos estos meses los ingresos de estas personas han disminuido pero los gastos han seguido siendo las mismas”, recalca Guillén. ECOM considera que es imprescindible la modernización inmediata del SEPE, el servicio estatal público de trabajo, y de las Oficinas de Trabajo de la Generalitat (OTG) para que se garantice el acceso a las prestaciones económicas sin que estas se vean comprometidas en ningún momento. Las personas con discapacidad son uno de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad y más riesgo de pobreza. Los datos del último informe del estado de la pobreza de la EAPN -estudio publicado el octubre de 2020 que recoge datos del 2019- indicaban que una de cada tres personas con discapacidad (el 32,5%) estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión. Y es que hay que recordar que las personas con discapacidad tienen un agravio económico comparativo de entre 17.700 y 41.200 euros anuales de media, por el sobrecostes que los supone vivir con un discapacitado, como constata el estudio del Ayuntamiento de Barcelona, actualizado el 2019.

ECOM pide una administración centrada en las personas, que las acompañe de acuerdo con su proyecto vital y que garantice el acceso a las prestaciones. Para hacerlo posible, desde la entidad consideran que es imprescindible cumplir los plazos en los pagos de las prestaciones, pero también se tiene que tener en cuenta la accesibilidad universal y la brecha digital, que afecta las personas con discapacidad. La brecha digital, un factor de riesgo ante la digitalización de las administraciones ECOM reclama que la digitalización de las administraciones públicas tiene que garantizar plenamente la accesibilidad y considera que, en la hora de digitalizar los servicios que ofrecen las administraciones, no se ha tenido en cuenta la brecha digital que sufre el colectivo de personas con discapacidad. “No se está dando un acceso equitativo con igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad porque la tecnología que se utiliza no es accesible, y es que en este proceso de digitalización de las administraciones ha prevalecido la urgencia de poner en marcha la administración digital para
proporcionar la atención ciudadana, al hecho que estos servicios sean accesibles e inclusivos para las personas con discapacidad”, comenta Guillén.

Desde sus servicios, ECOM han constatado también que las personas con discapacidad física y/u orgánica se encuentran en estos momentos con dificultades para comunicarse directamente con las administraciones a título individual, puesto que esta comunicación se reduce en muchos casos a excesiva burocracia a través de formularios que pueden generar confusión y que no recogen todas las casuísticas de las personas. Un ejemplo es el hecho que en el formulario para darse de alta a la Oficina de Trabajo de la Generalitat (OTG) del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), no hay ningún campo que recoja si la persona tiene una discapacidad. Esto comporta que si esta información no ha sido introducida previamente, la persona con discapacidad no podrá acceder a los servicios especializados financiados por el mismo ZOCO o Departamento de Trabajo.

Según el estudio del m4social La brecha digital en las personas atendidas por entidades sociales, entre las principales desazones de las personas con discapacidad física que participaron en la investigación se contemplaban “las dificultades que comportan para muchas personas la integración de las TIC en actividades cotidianas tan diversas como las gestiones bancarias, la investigación de ocupación, la renovación de la demanda de paro, etc.”. En este sentido, m4social también indicaba que a pesar de que el 87% de las personas participantes en la investigación tenían conexión a Internet a casa, el 38% no se movía bien en el entorno en línea. Este hecho dificulta para las personas con discapacidad física llevar a cabo los trámites de manera autónoma, puesto que no tienen las habilidades para hacerlo. El informe sobre la afectación de la COVID-19 en las personas con discapacidad física vinculadas a los servicios de inclusión laboral de ECOM y a sus entidades federadas -un estudio con una muestra de 1700 personas usuarias de los servicios de las entidades- añade que solo el 56,5% de las personas que se atienen tienen un ordenador portátil o de sobremesa y tan solo un 10,6% tiene tableta, una circunstancia más que “dificulta la continuidad de la formación y de la investigación del empleo".
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