- Como representante de las entidades y las personas con discapacidad física, ECOM valora que el incremento de 6 millones de euros anuales en el gasto del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias en este sector no es suficiente para revertir los recortes aplicados por el Gobierno el 2012 ni los diez años de congelación de tarifas ni, en definitiva, para dignificar el sector.
- ECOM denuncia que Cataluña es, con diferencia, el territorio donde más ha caído el presupuesto social: actualmente es un 9,9% inferior, el equivalente a 242 euros per cápita menos. Por eso, pide al Gobierno que triplique este incremento para que ascienda hasta los 18 millones de euros, que es la demanda que las entidades vienen haciendo (consensuada en el marco de trabajo común dentro de La Confederación), para poder acabar con la precariedad laboral de los y de las profesionales del sector, y poder garantizar una atención de calidad a las personas con discapacidad.
- ECOM exige al Gobierno que se reúna con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad para planificar la inversión social del periodo 2020-2023, y apela a la responsabilidad a todas las formaciones políticas, puesto que considera que el hecho que Cataluña pueda disponer de presupuestos actualizados a la realidad económica y social del año 2020 es una responsabilidad compartida entre gobierno y oposición.
- Barcelona, 31 de diciembre de 2019. ECOM, representante de las entidades y las personas con discapacidad física de Cataluña, no ha recibido con mucha satisfacción el ”anuncio navideño” del Gobierno de un incremento (con efectos a 1 de enero de 2019) de entre un 1,2% y un 5% de las tarifas de los servicios sociales para personas con discapacidad (que el Gobierno cuantifica como un incremento de 6 millones de euros anuales de su gasto en el sector). Y es que ECOM valora que esta cantidad es totalmente insuficiente para revertir los recortes aplicados por el Gobierno el 2012 ni los diez años de congelación de tarifas ni, en definitiva, para dignificar el sector. Por eso exige y urge el Gobierno a reunirse con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad para planificar la inversión social del periodo 2020-2023.
Cataluña vive con presupuestos prorrogados desde el año 2017: unos presupuestos que se han tenido que prorrogar durante el 2018 y el 2019 porque el Parlamento no aprobó de nuevos. El 2018 fue debido a la aplicación del 155, y el 2019 la carencia de apoyos parlamentarios hizo que el gobierno ni siquiera llevara el proyecto al Parlamento. ECOM considera que esta situación no ayuda a garantizar un buen funcionamiento del país y, sobre todo, impide la adecuada planificación y ejecución de las políticas que necesita Cataluña para su progreso y bienestar, así como por la garantía de derechos sociales básicos a su ciudadanía.
COMUNICADO DE PRENSA
ECOM considera que el hecho que Cataluña pueda disponer de presupuestos actualizados a la realidad económica y social del año 2020 es una responsabilidad compartida entre gobierno y oposición. Así mismo, la Federación cree que es evidente que la aprobación de los presupuestos catalanes ha estado y es moneda de cambio habitual en dinámicas políticas nocivas a consistorios como el Ayuntamiento de Barcelona o en el proceso de formación del Gobierno de España. Ante esto, ECOM apela a la responsabilidad a todas las formaciones políticas y les pide tomar conciencia sobre el impacto que estas actuaciones tienen en los derechos de la ciudadanía con discapacidad.
A este bloqueo presupuestario se añade que los fondos públicos dedicados a los servicios de apoyo a las personas con discapacidades y dificultades ya venían de una situación de continúas recortes por la crisis económica del 2008.
Desde entonces, hace 10 años que están congelados.
La situación de congelación de los salarios de los y las profesionales de los servicios que gestionan las entidades sociales y la carencia de plazas residenciales, hace que las organizaciones de personas con discapacidad tengan profesionales que han perdido una gran parte de su poder adquisitivo, precaritzando sus salarios. Todo esto, sin olvidar las listas de espera de personas que no tienen plazas para poder ser atendidas en los diferentes servicios de atención directa, viendo así menguada su calidad de vida e inclusión social.
Por la gravedad de la situación y la precariedad evidente en la gestión de los servicios sociales, ECOM considera que el incremento anunciado, en plena campaña navideña, por el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat es totalmente insuficiente para dignificar el sector y para revertir la época de los recortes que aplicó el Gobierno de Artur Mas el 2012. Y defiende que este incremento se tendría que triplicar e incrementar el gasto del Gobierno en el sector hasta los 18 millones de euros, que es el que las entidades venimos reclamando, desde el marco de La Confederación, después de 10 años de congelación.
En cuanto a la financiación de los Centros Especiales de Trabajo (CET), en 2019 ha habido un aumento de financiación del 22% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), debido al decreto del Gobierno español que fijaba el SMI en 900€. Para las personas con discapacidad y con especiales dificultades, el Gobierno catalán suplementó este aumento del 22% con un 5% adicional que afectó más de 9.000 trabajadores y trabajadoras. Pero desde ECOM valoramos que esto no fue tanto una iniciativa del propio gobierno, como la obligación de cumplir el decreto que establecía la cuantía del SMI del Gobierno de Madrid.