La Convención de la ONU, la mejor aliada de las personas con discapacidad
El 22 de febrero, el Consejo de Ministros del Gobierno de España, acogiendo una propuesta del CERMI Estatal, declaraba oficialmente la jornada del 3 de mayo de cada año como Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad de 2006. Esta Convención es el tratado internacional que promueve, protege y asegura los derechos humanos de las personas con discapacidad en todo el mundo.
La fecha del 3 de mayo ha sido elegida para ser el día en que la Convención, en 2008, entró en vigor, después de conseguir el número mínimo exigido de ratificaciones de los Estados parte, entre los que España.
Con esta declaración del 3 de mayo se quiere contribuir al conocimiento, la difusión y la toma de conciencia sobre esta Convención y sus principios, valores y mandatos, extendiendo la cultura y la práctica de los derechos humanos en la esfera de las personas con discapacidad .
Este 2019 es, pues, el primero en que se celebra este día oficial, ocasión que el movimiento social organizado de la discapacidad quiere aprovechar para resaltar la relevancia de la Convención como la mejor y más firme aliada de las personas con discapacidad, mujeres y hombres , niñas y niños, y como el dispositivo jurídico, político y social más apropiado para hacer efectivos sus derechos, inclusión y bienestar.
El potencial transformador de la Convención, marco referencial y prescriptor ineludible de todas las políticas públicas y legislaciones que se lleven a cabo en España en el campo de las personas con discapacidad, se intensifica si este tratado internacional se conecta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Interpretar, desarrollar y aplicar la Convención en clave de ODS y éstos en clave de Convención de 2006, duplicará los efectos de cambio social que necesitan las personas con discapacidad para conseguir entornos, relaciones y comunidades plenamente inclusivas, sostenibles humana y socialmente, respetuosas y que hagan valer la diversidad como bien de primera magnitud, digna de promoción y protección.
La Convención de 2006 y los ODS combinados marcan, por tanto, la agenda política de la discapacidad de los próximos años, que pasa sin duda de forma prioritaria para atender y materializar las recomendaciones que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha formulado en España, después de la segunda revisión del grado de cumplimiento de este tratado hecha los pasados 18 y 19 de marzo y hechas públicas el 9 de abril (https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades / observaciones-finales-sobre-los-informes-periódicos-segundo-y-tercero).
Las recomendaciones de este Comité sobre mujeres y niñas con discapacidad, mayoría dentro del colectivo y grupo más expuesto a la violación estructural y sistemática de sus derechos, son particularmente exigibles y urgentes, por lo que deben ser un objetivo preferente tanto de las políticas públicas de igualdad como de las de discapacidad.
El programa político y social para que la Convención de 2006 y los ODS sean una realidad práctica en un período razonable es ingente y el movimiento cívico de derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias vigilará para que los poderes públicos, los agentes sociales, los operadores económicos, los medios de comunicación y toda la sociedad integren este postulados a su actuación.
El 22 de febrero, el Consejo de Ministros del Gobierno de España, acogiendo una propuesta del CERMI Estatal, declaraba oficialmente la jornada del 3 de mayo de cada año como Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad de 2006. Esta Convención es el tratado internacional que promueve, protege y asegura los derechos humanos de las personas con discapacidad en todo el mundo.
La fecha del 3 de mayo ha sido elegida para ser el día en que la Convención, en 2008, entró en vigor, después de conseguir el número mínimo exigido de ratificaciones de los Estados parte, entre los que España.
Con esta declaración del 3 de mayo se quiere contribuir al conocimiento, la difusión y la toma de conciencia sobre esta Convención y sus principios, valores y mandatos, extendiendo la cultura y la práctica de los derechos humanos en la esfera de las personas con discapacidad .
Este 2019 es, pues, el primero en que se celebra este día oficial, ocasión que el movimiento social organizado de la discapacidad quiere aprovechar para resaltar la relevancia de la Convención como la mejor y más firme aliada de las personas con discapacidad, mujeres y hombres , niñas y niños, y como el dispositivo jurídico, político y social más apropiado para hacer efectivos sus derechos, inclusión y bienestar.
El potencial transformador de la Convención, marco referencial y prescriptor ineludible de todas las políticas públicas y legislaciones que se lleven a cabo en España en el campo de las personas con discapacidad, se intensifica si este tratado internacional se conecta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Interpretar, desarrollar y aplicar la Convención en clave de ODS y éstos en clave de Convención de 2006, duplicará los efectos de cambio social que necesitan las personas con discapacidad para conseguir entornos, relaciones y comunidades plenamente inclusivas, sostenibles humana y socialmente, respetuosas y que hagan valer la diversidad como bien de primera magnitud, digna de promoción y protección.
La Convención de 2006 y los ODS combinados marcan, por tanto, la agenda política de la discapacidad de los próximos años, que pasa sin duda de forma prioritaria para atender y materializar las recomendaciones que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha formulado en España, después de la segunda revisión del grado de cumplimiento de este tratado hecha los pasados 18 y 19 de marzo y hechas públicas el 9 de abril (https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades / observaciones-finales-sobre-los-informes-periódicos-segundo-y-tercero).
Las recomendaciones de este Comité sobre mujeres y niñas con discapacidad, mayoría dentro del colectivo y grupo más expuesto a la violación estructural y sistemática de sus derechos, son particularmente exigibles y urgentes, por lo que deben ser un objetivo preferente tanto de las políticas públicas de igualdad como de las de discapacidad.
El programa político y social para que la Convención de 2006 y los ODS sean una realidad práctica en un período razonable es ingente y el movimiento cívico de derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias vigilará para que los poderes públicos, los agentes sociales, los operadores económicos, los medios de comunicación y toda la sociedad integren este postulados a su actuación.