- La prestación no es eficiente porque no está llegando a todas las personas susceptibles de ser beneficiarias, hogares que están en una situación de máxima vulnerabilidad y que necesitan acceder de manera rápida y ágil.
- Se evidencia la incapacidad de la Seguridad Social para hacer frente a la avalancha de solicitudes y la gran complejidad del proceso administrativo diseñado.
- La falta de una ventanilla única es una traba burocrática grave para las personas que tienen que pasar por dos procesos administrativos diferentes: duplicidad de trámites. La Mesa reclama una simplificación.
- Es prioritario y urgente resolver la falta de coordinación entre el gobierno español y los territorios y, en el caso de Cataluña, es imprescindible cerrar los acuerdos, convenios y protocolos necesarios para asegurar una buena ensambladura entre el ingreso mínimo vital y la renta garantizada de ciudadanía y evitar trámites excesivos o innecesarios o reclamaciones de cobros indebidos.
La Taula del Tercer Sector Social de Cataluña, que agrupa y representa más de 3.000 entidades sociales catalanas, hace un balance de los tres primeros meses de funcionamiento del ingreso mínimo vital. Considera que la gestión que está haciendo el gobierno español es “decepcionante y caótica” y que esto está perjudicando enormemente a personas que están en una situación de máxima vulnerabilitati que necesitan tener acceso a la prestación de manera
inmediata. Por eso, reclama al ejecutivo central que aplique cambios urgentes para garantizar este derecho.Para la Mesa, se ha evidenciado que la Seguridad Social no tiene la capacidad suficiente para hacer frente al enorme volumen de las solicitudes presentadas en un momento de máxima complejidad social. Según el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de las más de 900.000 solicitudes recibidas se han tramitado un tercio, unas 330.000, y solo unas 85.000 familias han recibido la ayuda, apenas un 10% (el último dato del gobierno español sobre el IMV en Cataluña es del mes de julio, correspondiendo al primer pago, y aseguraba que la ayuda había llegado entonces a 6.000 hogares catalanes). La Tabla del Tercer Sector defiende que una posible solución seria dividir inmediatamente todas estas solicitudes entre los servicios sociales públicos de las Ccaa.la puesta en marcha de la prestación también ha demostrado las numerosas trabas burocráticas que tienen que sufrir las personas por la complejidad del proceso administrativo diseñado. Esta complejidad afecta todos los trámites del procedimiento: desde la solicitud telemática, la documentación requerida, la supervisión y el control por parte de la Administración hasta el mismo contenido que verifica que la persona está en situación de pobreza, la “prueba de pobreza” (ingresos de la unidad familiar y patrimonio familiar). Es por eso que la Tabla del Tercer Sector pide simplificar los trámites (menos documentación, menos requisitos, disminuir controles innecesarios, etc.) y también simplificar elcontingut de la “prueba de pobreza”. Por otro lado, la Mesa apunta otra de las causas que también está contribuyendo al colapso administrativo. El ingreso mínimo vital está pensado sobre todo para personas que están en una situación de pobreza severa, pero una parte importante de las solicitudes no cumplen con el requisito. Esto comporta que la Seguridad Social esté recibiendo un número importante de solicitudes que tienen que ser denegadas, pero que implican una inversión alta de tiempo por parte de los gestores/se.La Tabla del Tercer Sector reclama ampliar el acceso a personas que superan el umbral de pobreza severa, pero que también se encuentran en una situación de emergencia social y, además, que la ayuda llegue a colectivos que,
actualmente, quedan fuera, como personas sin hogar; jóvenes de entre 18 y 23 años y personas en situación administrativa irregular que no cumplen algunos de los requisitos porque el colapso de algunos servicios públicos hace que se tarde excesivamente aexpedir los certificados de residencia o trabajo. Este incremento podría ser gestionado por las comunidades con más recursos a los servicios sociales para revisar, controlar y aprobar las solicitudes de cada territorio. Sin coordinación entre los dos governsTres meses después de la puesta en marcha de la IMV, laTaula del Tercer Sector recuerda que el gobierno español continúa sin cerrar con el ejecutivo catalán los acuerdos, los convenios y los protocolos de coordinación que son necesarios entre las dos administraciones para conseguir una buena ensambladura entre el ingreso mínimo vital y la renta garantizada de ciudadanía. La Mesa alerta que esto tiene un impacto directo en las personas que tienen que pasar por trámites excesivos o innecesarios o reclamaciones de cobros indebidos. Por eso, pide que, urgentemente, se concrete esta coordinación para avanzar hacia una ventanilla única.
La Taula del Tercer Sector de Catalunya