Los casos identificados han afectado básicamente el derecho al trabajo, el derecho la accesibilidad y el derecho a la movilidad y al transporte
A la demarcación de Lleida se han constatado 23 vulneraciones de derechos de las personas con discapacidad física u orgánica, el que representa un 8% de las 290 vulneraciones registradas en Cataluña en 2022, segundos se desprende del informe elaborado por la Federación ECOM y en el que ha tenido también la colaboración de ASPID en el desarrollo a las tierras de Lleida. Este balance está extraído de las consultas atendidas por la Federación y de las encuestas hechas por la entidad, el que quiere decir que el número total de vulneraciones es con toda seguridad muy superior.
De estas 23 vulneraciones registradas, 15 han tenido lugar en el Segrià, 5 en el Urgell, 2 en la Noguera y 1 en el Alt Urgell. Respecto al perfil, el 52% han sido mujeres, con una mayoría de personas (el 52%) de edad comprendida entre los 50 y los 64 años. Además, el 43% de estas personas estaba en situación de paro. Por otro lado, el principal agente vulnerador ha sido el personal de empresas privadas (30%) y de la administración local (26%). El espacio donde se han producido más vulneraciones ha sido el lugar de trabajo (30%) seguido de los espacios públicos (26%).
Las vulneraciones identificadas han afectado principalmente el derecho al trabajo (35%), el derecho la accesibilidad (30%) y el derecho a la movilidad y al transporte (13%). Hay que remarcar que solo 4 personas denunciaron estas situaciones, y que el 43% de las personas que no denunciaron no lo hicieron porque consideraron que hacerlo no servía para nada.
Cuando a la tipología de las vulneraciones, tenemos quejas por acoso laboral y mobbing por causas de discapacidad, por el mal uso de las plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad (ocupación por vehículos de personas sin discapacidad), por el mal funcionamiento de equipaciones públicas (como el caso de la silla hidráulica de una piscina municipal que no funcionaba desde hacía dos años), por discriminaciones y para recibir un trato diferencial por el hecho de tener discapacidad, por espacios públicos y privados no accesibles (carencia de rampas para acceder a edificios, por ejemplo) o por el retraso en la gestión de solicitudes de ayudas, entre otros asuntos.
Casi 300 vulneraciones en Cataluña
A nivel de Cataluña, el informe hecho público por la Federación ECOM indica que cerca del 50% de las 290 vulneraciones de derechos detectadas están relacionadas con la accesibilidad, Si hablamos del perfil de las personas que han sufrido una vulneración, hay que decir que más de la mitad (61%) son mujeres y el 66% son personas de entre 35 y 64 años, en general con niveles educativos altos. El 59% de las vulneraciones han estado a cargo de administraciones públicas, el 32% a cargo de empresas y entidades privadas y el 8% a cargo de particulares. El 57% de las vulneraciones se ha producido en espacios públicos y el 43% en espacios privados. Los más vulnerados ha sido el derecho a la accesibilidad (24%), al trabajo (23%) y a la movilidad y al transporte (19%).
De las 290 vulneraciones registradas, 130 (el 44,8%) tienen que ver con problemáticas de accesibilidad (problemas de acceso a la red de transporte, itinerarios no adaptados, carencia de taxis adaptados), unas problemáticas presentes de manera transversal en casi todos los derechos analizados. Esto evidencia claramente que la accesibilidad continúa siendo lo gran problema de las personas con discapacidad física y/u orgánica en la hora de poder ejercer sus derechos.
Así, además de las vulneraciones directamente relacionadas con el derecho a la accesibilidad (relacionadas principalmente con barreras arquitectónicas en espacios públicos como calles, plazas, edificios públicos y privados), en otros muchos casos las vulneraciones tienen que ver también, de forma más tangencial, con este ámbito. Se trata de casos relacionados con el derecho a la movilidad y el transporte (problemas de acceso en la red de transporte, itinerarios no adaptados, carencia de taxis adaptados), el derecho a la vivienda (problemas en las comunidades de vecinos para poder llevar a cabo actuaciones y reformas de accesibilidad en los espacios comunes), el derecho a la participación a las actividades culturales, de ocio y deportivas, o el derecho a la salud (carencia de accesibilidad en espacios y en el material sanitario).
La infradenúncia, un problema persistente
Considerando que más de la mitad de los casos no se han denunciado, se ha vuelto a constatar que la infradenúncia es un problema persistente, puesto que hace invisibles las vulneraciones que sufren las personas con discapacidad física u orgánica, De las 290 vulneraciones detectadas el 2022, 103 fueron denunciadas, 133 no se denunciaron, y en 54 de los casos, no se ha aportado información de si se denunciaron o no. Si fijamos el objetivo únicamente en el número de vulneraciones de las cuales hay información sobre si van denunciadas o no (236 vulneraciones), vemos que las vulneraciones no denunciadas representan un 56% del total. En cuanto al motivo por el cual no se denuncia, el 47% de las respuestas afirman que no sirve para nada, y casi un 20% alega que el proceso de denuncia es complicado.
Ante esta realidad, ECOM urge el Gobierno a aprobar el Código de Accesibilidad de Cataluña, que acumula casi siete años de retraso, para promover un adelanto hacia la accesibilidad universal, según el que establece la Convención de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU. Hay que recordar que el Código se tendría que haber aprobado como máximo dos años después de la aprobación de la Ley de Accesibilidad de Cataluña, de 30 de octubre de 2014.
La Federación ECOM, la máxima representante del colectivo de personas con discapacidad en Cataluña, aglutina actualmente 120 entidades de personas con discapacidad física y/u orgánica de todo España, 108 de las cuales de Cataluña. A nivel de la provincia de Lleida, ASPID ha colaborado con la iniciativa con su tejido de más de 650 personas asociadas. La Federación y ASPID defienden el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad física para lograr la plena inclusión social y mejorar su calidad de vida, y trabaja para fortalecer el sector asociativo de la discapacidad física a través de la participación, la representación y la empoderament del colectivo.
A la demarcación de Lleida se han constatado 23 vulneraciones de derechos de las personas con discapacidad física u orgánica, el que representa un 8% de las 290 vulneraciones registradas en Cataluña en 2022, segundos se desprende del informe elaborado por la Federación ECOM y en el que ha tenido también la colaboración de ASPID en el desarrollo a las tierras de Lleida. Este balance está extraído de las consultas atendidas por la Federación y de las encuestas hechas por la entidad, el que quiere decir que el número total de vulneraciones es con toda seguridad muy superior.
De estas 23 vulneraciones registradas, 15 han tenido lugar en el Segrià, 5 en el Urgell, 2 en la Noguera y 1 en el Alt Urgell. Respecto al perfil, el 52% han sido mujeres, con una mayoría de personas (el 52%) de edad comprendida entre los 50 y los 64 años. Además, el 43% de estas personas estaba en situación de paro. Por otro lado, el principal agente vulnerador ha sido el personal de empresas privadas (30%) y de la administración local (26%). El espacio donde se han producido más vulneraciones ha sido el lugar de trabajo (30%) seguido de los espacios públicos (26%).
Las vulneraciones identificadas han afectado principalmente el derecho al trabajo (35%), el derecho la accesibilidad (30%) y el derecho a la movilidad y al transporte (13%). Hay que remarcar que solo 4 personas denunciaron estas situaciones, y que el 43% de las personas que no denunciaron no lo hicieron porque consideraron que hacerlo no servía para nada.
Cuando a la tipología de las vulneraciones, tenemos quejas por acoso laboral y mobbing por causas de discapacidad, por el mal uso de las plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad (ocupación por vehículos de personas sin discapacidad), por el mal funcionamiento de equipaciones públicas (como el caso de la silla hidráulica de una piscina municipal que no funcionaba desde hacía dos años), por discriminaciones y para recibir un trato diferencial por el hecho de tener discapacidad, por espacios públicos y privados no accesibles (carencia de rampas para acceder a edificios, por ejemplo) o por el retraso en la gestión de solicitudes de ayudas, entre otros asuntos.
Casi 300 vulneraciones en Cataluña
A nivel de Cataluña, el informe hecho público por la Federación ECOM indica que cerca del 50% de las 290 vulneraciones de derechos detectadas están relacionadas con la accesibilidad, Si hablamos del perfil de las personas que han sufrido una vulneración, hay que decir que más de la mitad (61%) son mujeres y el 66% son personas de entre 35 y 64 años, en general con niveles educativos altos. El 59% de las vulneraciones han estado a cargo de administraciones públicas, el 32% a cargo de empresas y entidades privadas y el 8% a cargo de particulares. El 57% de las vulneraciones se ha producido en espacios públicos y el 43% en espacios privados. Los más vulnerados ha sido el derecho a la accesibilidad (24%), al trabajo (23%) y a la movilidad y al transporte (19%).
De las 290 vulneraciones registradas, 130 (el 44,8%) tienen que ver con problemáticas de accesibilidad (problemas de acceso a la red de transporte, itinerarios no adaptados, carencia de taxis adaptados), unas problemáticas presentes de manera transversal en casi todos los derechos analizados. Esto evidencia claramente que la accesibilidad continúa siendo lo gran problema de las personas con discapacidad física y/u orgánica en la hora de poder ejercer sus derechos.
Así, además de las vulneraciones directamente relacionadas con el derecho a la accesibilidad (relacionadas principalmente con barreras arquitectónicas en espacios públicos como calles, plazas, edificios públicos y privados), en otros muchos casos las vulneraciones tienen que ver también, de forma más tangencial, con este ámbito. Se trata de casos relacionados con el derecho a la movilidad y el transporte (problemas de acceso en la red de transporte, itinerarios no adaptados, carencia de taxis adaptados), el derecho a la vivienda (problemas en las comunidades de vecinos para poder llevar a cabo actuaciones y reformas de accesibilidad en los espacios comunes), el derecho a la participación a las actividades culturales, de ocio y deportivas, o el derecho a la salud (carencia de accesibilidad en espacios y en el material sanitario).
La infradenúncia, un problema persistente
Considerando que más de la mitad de los casos no se han denunciado, se ha vuelto a constatar que la infradenúncia es un problema persistente, puesto que hace invisibles las vulneraciones que sufren las personas con discapacidad física u orgánica, De las 290 vulneraciones detectadas el 2022, 103 fueron denunciadas, 133 no se denunciaron, y en 54 de los casos, no se ha aportado información de si se denunciaron o no. Si fijamos el objetivo únicamente en el número de vulneraciones de las cuales hay información sobre si van denunciadas o no (236 vulneraciones), vemos que las vulneraciones no denunciadas representan un 56% del total. En cuanto al motivo por el cual no se denuncia, el 47% de las respuestas afirman que no sirve para nada, y casi un 20% alega que el proceso de denuncia es complicado.
Ante esta realidad, ECOM urge el Gobierno a aprobar el Código de Accesibilidad de Cataluña, que acumula casi siete años de retraso, para promover un adelanto hacia la accesibilidad universal, según el que establece la Convención de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU. Hay que recordar que el Código se tendría que haber aprobado como máximo dos años después de la aprobación de la Ley de Accesibilidad de Cataluña, de 30 de octubre de 2014.
La Federación ECOM, la máxima representante del colectivo de personas con discapacidad en Cataluña, aglutina actualmente 120 entidades de personas con discapacidad física y/u orgánica de todo España, 108 de las cuales de Cataluña. A nivel de la provincia de Lleida, ASPID ha colaborado con la iniciativa con su tejido de más de 650 personas asociadas. La Federación y ASPID defienden el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad física para lograr la plena inclusión social y mejorar su calidad de vida, y trabaja para fortalecer el sector asociativo de la discapacidad física a través de la participación, la representación y la empoderament del colectivo.