Artículo redactado por Josep Giralt días antes del suyo decès el pasado mas de febrero 2025, en el que una vez más nos hace una reflexión y da visión sobre el futuro de las políticas sociales en el ámbito de las personas con discapacidad. En tu recuerdo Josep! #EtsAnima
Fecha: 11 febrero 2025
El envejecimiento de la población española y el incremento de personas en situación de dependencia han puesto de manifiesto las carencias de la actual Ley de Dependencia y de la legislación sobre discapacidad. La reforma de estas dos leyes es una necesidad urgente para garantizar los derechos y la dignidad de los colectivos más necesidades.
Ya durante la legislatura del Partido Popular, con Mariano Rajoy al frente, se produjeron recortes significativos que impactaron negativamente en la calidad de vida de muchas personas. Y por si no fuera suficiente, tenemos que añadir la inminente llegada de la generación del “baby boom” en la edad de jubilación, lo cual supone que nos enfrentamos a un incremento exponencial de personas jubiladas, que dispararán las cifras de dependencia, hecho que justifica la necesidad de una reforma legislativa para adaptarnos a esta nueva realidad demográfica que nos viene encima.
De entrada tenemos que el artículo 49 de la Constitución Española establece el compromiso del Estado de promover la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Por tan, la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad tiene que garantizar que este compromiso se refleja en políticas efectivas y adecuadas, adaptando las leyes a las necesidades actuales de los ciudadanos y dotando estas políticas de los presupuestos adecuados..
Recordamos que España ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 2007, y entró en vigor el 2008. Por tanto desde el 2008, la Convención promueve la plena participación e inclusión social de las personas y obliga los Estados a adoptar medidas para eliminar las barreras que
impiden la plena participación de las personas con discapacidad. Así pues, la reforma legislativa tiene que alinearse con estos principios para garantizar una sociedad más justa e inclusiva.
Entre 2008 y 2013, el Partido Popular aplicó recortes en las ayudas a la dependencia como la incompatibilidad de asistencia domiciliaria y asistencia a centros de día, así como largas listas de espera para el reconocimiento de la dependencia. Es fundamental eliminar estas restricciones y garantizar que la lista de espera no sobrepase los 6 meses, tal y como establece la Ley de Dependencia.
Este nuevo anteproyecto de ley prevé la reforma de la ampliación de prestaciones a los cuidadores del entorno relacional, así como la implantación de la teleasistencia como derecho subjetivo. La medida permitirá a las personas afectadas elegir entre vivir en casa suya o en una residencia convencional, ofreciendo diferentes modalidades de vivienda con servicios con apoyo.
Por otro lado, este nuevo anteproyecto de ley, elimina el periodo de carencia por a prestaciones económicas de un máximo de dos años para acceder a prestaciones económicas destinadas a curas familiares, facilitando el apoyo financiero a las familias desde el momento en que se reconoce la situación de dependencia. Esta mesuratindrà un impacto muy positivo en las familias que se hacen cargo de personas en esta situación. A menudo, estas familias tienen que afrontar gastos importantes des del primer momento en que se detecta la necesidad de atención, y la demora en la concesión de la ayuda económica puede generar una gran carga tanto emocional como financiera. En cualquier caso, esta modificación supone un paso adelante en la construcción de un sistema de protección más justo y ágil, que pone las necesidades de las personas dependientes y sus familias en el centro.
Este anteproyecto de reforma de las dos leyes, también prevé el acceso a productos diseñados para mejorar la autonomía personal, como audífonos, adaptaciones domóticas para el hogar y programas informáticos, mediante un sistema de préstamo o cesión temporal.
Otro de los puntos de inflexión de esta reforma legal es la asistencia personal, donde se pretende regular como un servicio más del catálogo de la Cartera de Servicios Sociales, que es la que determina el conjunto de prestaciones de servicios, económicos y tecnológicos, de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública de la Generalitat de Cataluña. Es el instrumento que asegura el acceso a las prestaciones garantizadas de la población que las necesite, permitiendo su provisión tanto a través de prestaciones económicas directas, como de servicios públicos o privados, concertados y acreditados. Esta prestación económica está diseñada para que las personas afectadas puedan apoderarse y decidir si ellas contratan directamente un asistente personal o lo hacen mediante una entidad especializada.
Este anteproyecto de ley y los reglamentos que se derivarán tendrán que establecer un mínimo de calidad e intensidad para las prestaciones y servicios a las personas, garantintne la igualdad de derechos a nivel estatal. Pero serán las comunidades autónomas las encargadas de determinar lo incrementan de las cantidades y la calidad de los servicios.
Quiero recordar que el pasado verano del 2024, se aprobó una estrategia estatal por desinstitucionalitzar el sistema y avanzar hacia curas más próximas en el domicilio de la persona o en entornos comunitarios, abandonando el enfoque assistencialista basado en grandes residencias, un modelo que ya hace décadas que ha quedado obsoleto.
Según datos del Observatorio para la Dependencia, que tiene como objetivo analizar la evolución reciente de los indicadores principales de situación del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia (SAAD) en España, el gasto por persona atendida se ha reducido en los últimos años, pasando de 8.145 € el 2010 a 5.982 € el 2024, todo y el incremento de costes generados por la inflación. Si ponemos por ejemplo la cobertura de la ayuda a domicilio, veremos que este servicio asistencial, el más importante, ha variado solo 8 décimas, pasando del 4,7% el 2010 al 5,5% el 2022 para personas mayores de 65 años.
Por lo tanto, quiero creer que este anteproyecto de ley reforzará la gestión de la dependencia como uno de los pilares del Estado del bienestar, para poder afrontar con garantías el reto demográfico al cual se tiene que afrontar el país en los próximos años. Si tenemos en cuenta el estudio de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) y la Unión de Entidades, al 2034 serán necesarios 100.000 nuevos trabajadores para la atención a la dependencia y el envejecimiento demográfico del Estado. Así pues, posemnos en modo pencaire que el “baby boom” y la extrema derecha nos caerán encima y el más hacen falta es al fregadero.